Abstract: El Estado colombiano ha venido creando desde el año 2001 unos incentivos normativos que han alterado las condiciones naturales del mercado colombiano de los biocombustibles con el propósito de alcanzar unos objetivos o fines Estatales como la reducción de gases que producen efecto invernadero, garantizar la seguridad energética nacional y el desarrollo rural y la generación de empleo en el campo. Dichos incentivos normativos crean un mercado inexistente sin estímulos, garantizan el consumo y la comercialización de biocombustibles a través de obligaciones legales, y fomentan la producción a través exenciones y subsidios al sector, pero el efecto que se ha pretendido motivar con el fomento a los biocombustibles no ha sido eficiente para lograr los fines propuestos por el Estado, al no generar los beneficios sociales que han sido proclamados en las normas y en la política pública de biocombustibles que los antecede. Existe un corto circuito entre los fines y los medios elegidos para poder alcanzarlos que es difícil de detectar, que sólo es posible encontrarlo si se realiza un análisis con un enfoque interdisciplinar, en el que se tengan en cuenta aspectos jurídicos, políticos, económicos, sociológicos y técnicos, y que sólo se puede reparar con un rediseño de los incentivos normativos que tenga como horizonte la luz de los fines constitucionales y como linterna que guíe el camino la coherencia, la eficiencia y la eficacia normativa.
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