La depuración republicana de funcionarios judiciales hasta el inicio de la Guerra civil ; The republican purge of judicial officials until the start of the civil War

Inmediatamente después del fallido intento de golpe de Estado, encabezado por el general Sanjurjo, el Gobierno de Manuel Azaña presentó en las Cortes un proyecto de ley para separar de sus cargos a todos los funcionarios civiles o militares que fueran considerados desafectos al régimen republicano. Esa ley, de 11 de agosto de 1932, se vio complementada con la de 8 de septiembre de mismo año, por la que se permitía al Ejecutivo acometer discrecionalmente la jubilación forzosa de los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, con independencia de su edad. Ambas leyes fueron objeto de severas críticas, no sólo por la oposición política, sino también por colectivos de profesionales del Derecho, como los abogados, quienes vieron en ellas una clara amenaza a la independencia judicial y una flagrante vulneración de derechos reconocidos constitucionalmente. Con la llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros de Alejandro Lerroux, se fijó que uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gabinete debía ser la reposición en sus puestos de todos los funcionarios que habían sido apartados sin que se les hubiera instruido expediente previo. Fruto de ello, fue la promulgación de la ley de 13 de diciembre de 1934. Sin embargo, con el comienzo de la Guerra Civil se intensificó, nuevamente, la depuración de funcionarios, siendo los adscritos a la Administración de Justicia unos de los más afectados. ; Immediately after the failed coup attempt, headed by General Sanjurjo, the Government of Manuel Azaña presented a bill in Parliament to remove from their posts all civil or military officials who were considered disaffected by the Republican regime. That law, of August 11, 1932, was complemented by that of September 8 of the same year, by which the Executive Branch was allowed to undertake at its discretion the forced retirement of civil servants in the judicial and fiscal careers, regardless of their age. Both laws were severely criticized, not only by the political opposition, but also by groups of legal professionals, ...