LAS SENTENCIAS INHIBITORIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA Y LA LIMITACIÓN INJUSTIFICADA DEL PRINCIPIO PRO ACTIONE.

CONSTITUTIONAL INHIBITORY COURT RULINGS AND THE UNJUST RESTRAINT OF THE PRO ACTIONE PRINCIPLE.

This paper contains a critique of the jurisprudential evolution of the Constitutional Court regarding the burdens and requirements to be met by the plaintiff in order for a Constitutional Action to proceed. The article, addresses the jurisprudence of the Constitutional Court that has raised the standards and requirements in order to proffer a sentence. Failure to meet the requirements often leads to an inhibitory judgment by the Court. The article states that the aforementioned violates the Pro Actione Principle, hindering access to justice for citizens and going against the basic tenets that led the original constituent to conceive the Public Constitutional Action. The text argues that only the legislative power can impose requirements and conditions regarding the access that citizens shoidd have towards the judicial power, and therefore, the Court should not create, extend or interpret restrictively the already existing requirements. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El presente escrito contiene una crítica a la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional, acerca de las cargas y requisitos que debe cumplir el accionante de una acción pública de inconstitucionalidad. El artículo crítica, la forma como a través de la jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional se lian elevado los parámetros y requisitos para proceder a fallar una Sentencia de Constitucionalidad, ya que el incumplimiento de los mismos muchas veces acarrea una sentencia inhibitoria por parte del Tribunal. El artículo considera que lo anterior vulnera el principio pro actione, dificultando el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos, yendo en contravía de los postulados esenciales que llevaron al constituyente originario a concebir la ya mencionada Acción. El texto sostiene que el único ente estatal que puede restringir el acceso a la administración es el poder legislativo, teniendo siempre en cuenta los parámetros trazados en la Constitución, y por lo tanto, la Corte no debería ampliar o interpretar de una manera estricta los requisitos elevados por el legislador para interponer una acción pública de inconstitucionalidad, sino por el contrario debería interpretarlos de una manera amplia, que maximice al acceso que deben tener los ciudadanos para interponer acciones de inconstitucionalidad. [ABSTRACT FROM AUTHOR]